«Así estaba cuando lo trajo.» «Si no lo reclama, es mío.» Dos frases de mostrador, y ninguna de las dos dice lo que dice la ley.

El recibo no es un favor: tiene contenido obligatorio

Cuando un servicio exige entregar un bien, el artículo 18 del Estatuto del Consumidor obliga a quien lo recibe a «expedir un recibo» con la fecha, los datos de quien entrega, la identificación del bien, la clase de servicio, lo abonado y —dato que casi nunca aparece— el término de la garantía que otorga.

Y ahí está la frase que decide pleitos: «si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien, se entenderá que el consumidor lo entregó en buen estado». Lo que no se anota al recibir, después no se alega.

La custodia tampoco es implícita: quien presta el servicio «asume la custodia y conservación adecuada del bien», incluidos los elementos que lo componen y «sus equipos anexos o complementarios».

El parqueadero tiene su propia regla —recibo con fecha, hora, estado del bien y valor—, con un corte que sorprende: en zonas de parqueo gratuito el prestador responde solo «cuando medie dolo o culpa grave».

Un letrero no borra la garantía

El artículo 8 admite que el servicio de reparación se preste sin garantía, pero solo si eso es «informado y aceptado por escrito claramente por el consumidor». Sin las dos cosas, hay tres meses de garantía, contados «a partir de la entrega del bien a quien solicitó el servicio»: desde la devolución, no desde que usted lo dejó. Es una garantía distinta de la de los productos usados.

Eso no significa prometer milagros. Cuando la obligación es de medio, la garantía «está dada, no por el resultado, sino por las condiciones de calidad en la prestación del servicio».

Si el servicio salió defectuoso, el reglamento (Decreto 1074 de 2015) fija una regla especial: la reparación; si no procede, la sustitución por otro de las mismas características o el equivalente en dinero cuando hubo destrucción, valorado «según sus características, estado y uso».

El bien abandonado no cambia de dueño

Pasado un mes de la fecha prevista para devolverlo, el prestador debe requerir al cliente para que lo retire dentro de los dos meses siguientes; el reglamento exige hacerlo por correo certificado. Solo entonces se entiende abandonado.

¿Y luego? El abandono hace que el bien «se repute provisoriamente mostrenco», con denuncia ante el ICBF. Y la ley, «sin perjuicio del derecho de retención», es clara: el prestador «no podrá lucrarse económicamente del bien, explotarlo, transferir el dominio o conservarlo para sí mismo». Eso sí, el cliente asume el almacenamiento y el mantenimiento.

Un límite que casi nadie ve: ese procedimiento reglamentado cubre solo muebles «cuya trasferencia del derecho de dominio no está sujeta a registro». El carro y la moto quedan fuera del reglamento, no de la ley: el requerimiento y la prohibición de quedárselo siguen rigiendo.

Ana deja el portátil y le entregan un papel sin garantía ni estado del equipo. El negocio de David vive del otro lado: recibe bienes ajenos todos los días, y responde por lo que no anotó en el recibo y por lo que creyó que ya era suyo.

¿Su recibo dice todo lo que la ley pide, o solo el número de orden? Es de esas cosas que se revisan tarde.

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